Ana Pastor acusa al Gobierno central de ejercer “oposición a Feijóo” con su postura ante el catálogo

La exministra asegura que los precios de referencia deben implantarse en el momento en el que un medicamento pierde la patente


La exministra de Sanidad y diputada del PP, Ana Pastor, ha reprochado al Gobierno central de "no hacer política" sanitaria, mientras que sí ejerce "oposición a Feijóo", presidente de la Xunta de Galicia. De esta manera, durante una visita para apoyar a la candidata popular de Triacastela (Lugo), ha acusado al Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero de renunciar al "liderazgo" de la política sanitaria de este país. "El Gobierno de la nación en política sanitaria tiene un gran problema, y es que no hace política, además de hacer oposición al señor Feijóo", diagnosticó la diputada popular ante el pulso entre el Gobierno central y el autonómico por el catálogo de medicamentos.
Pastor objetó que "hace falta una buena política farmacéutica donde se haga un uso racional del medicamento, donde se implanten los precios de referencia en el momento en que un medicamento pierde la patente". Así destacó la "política farmacéutica que hace Feijoo, frente al Gobierno estatal y Leire Pajín, que "no están haciendo política sanitaria".
"El problema que tenemos es que con siete años de Gobierno socialista hay casi cinco millones de parados, las empresas están cerrando", ha manifestado para recriminar, mirando en clave local Triacastela, que "la política agraria es inexistente, la política en apoyo al sector lácteo deja mucho que desear y con las infraestructuras se están incumpliendo los compromisos".
También replicó al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que acusaba a los populares de temer la recuperación económica antes de las generales, que "el PP lo que quiere es lo mejor para España".
En cuanto a las elecciones municipales, la exministra concluía que el PP "confía en lograr el apoyo de los ciudadanos, pero hasta el día de las elecciones no hay nada ganado".

 

Valcárcel (Presidente de Murcia) plantea copago en Sanidad y Educación

Europa Press

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, ha planteado la necesidad de que los ciudadanos asuman parte de los costes de Sanidad y Educación, ya que a su juicio ambos servicios "no pueden ser soportados sólo por el presupuesto de una región o de una nación".

Valcárcel ha realizado estas declaraciones en una conferecia-coloquio organizada por el diario ABC a la que también ha asistido el presidente del PP, Mariano Rajoy. En ella ha expuesto algunas de las medidas que considera necesarias en el ámbito del estado autonómico, entre ellas la de que los ciudadanos compartan con las administraciones públicas parte de los costes derivados de los servicios de Sanidad y Educación.

"Es necesario plantear que los ciudadanos también tengan que asumir parte de estos costes, en el porcentaje que sea", ha asegurado. En ese sentido, ha puesto como ejemplo la implantación del céntimo sanitario en Murcia, algo a lo que el Gobierno regional se había opuesto hasta ahora "por activa y por pasiva".

Por otro lado, Valcárcel ha afirmado que no es necesaria la devolución de competencias al Estado, sino que lo que hace falta es un pacto nacional para decidir "cómo pagamos lo que tenemos que pagar" y así reordenar el "caos" que a su juicio ha provocado "el 'yo invito y tú pagas' de Rodríguez Zapatero".

"A lo mejor hay que plantear medidas muy valientes que no tengan que ver con un partido u otro, sino que sean fruto de la reunión responsable de todos los partidos para decidir cómo pagamos lo que tenemos que pagar", ha sentenciado el presidente murciano, al tiempo que ha planteado la posibilidad de que "a lo mejor la UE tenga algo que decir".

En relación a las medidas anticrisis anunciadas por el Gobierno central el pasado viernes, en especial la que impone un límite de gasto a las autonomías, Valcárcel ha asegurado que todo lo que conlleve reducción de gasto corriente y déficit público es "bienvenido", pero ha aseverado que la solución de España "no pasa por ahí".

Así, ha señalado que las medidas anunciadas por el Gobierno tendrían que ser "más atrevidas" sean cuales sean las consecuencias, y en ese sentido ha puesto como ejemplo la situación vivida recientemente en la Región de Murcia, donde se han producido numerosas manifestaciones de protesta por las medidas de recortes adoptadas por el Gobierno regional.

"La responsabilidad nos hizo tomar esas medidas, aunque sabíamos que íbamos a tener 'follón' sindical, porque había dos caminos: o echarnos la manta a la cabeza y un día de estos no poder pagar las nóminas o hacer las revisiones que hemos hecho y que algunos han denominado como el 'tijeretazo Valcárcel'", ha defendido.

SORPRESAS EN LAS LISTAS DE MURCIA

Por otro lado, con respecto a la elaboración de las listas de candidatos del PP murciano que van a concurrir en las próximas elecciones autonómicas, Valcárcel ha reconocido que habrá "sorpresas" porque "si hay renovación tiene que haberlas", aunque ha afirmado que esto no supondrá ningún problema porque dice tener "un grupo extraordinario en el que todos saben que esto no es un cargo para toda la vida".

Además, el presidente murciano ha presumido de que durante la última década la Región de Murcia ha experimentado "un desarrollo muy notable que le ha permitido liderar el crecimiento económico nacional en dicho periodo".

Así, y con datos en la mano, Valcárcel ha señalado que la región que preside ha presentado durante estos últimos diez años mejores cifras relativas y absolutas que la media de España en indicadores como el PIB, la creación de empleo o el aumento de población.

También ha expuesto su estrategia para el desarrollo de la economía de Murcia durante los próximos años en caso de que sea reelegido como presidente de la región. Una estrategia que según ha referido descansa en tres pilares fundamentales.

El primero de ellos se basa en asentar el crecimiento económico de la comunidad autónoma en el tejido empresarial, para lo cual considera necesario "propiciar una gestión pública eficiente que facilite su desempeño". El segundo de esos pilares se basa en la defensa del turismo, la energía y la industria alimentaria, que "deben ser protagonistas del crecimiento durante los próximos años". En tercer lugar, ha destacado la importancia de impulsar la creación de infraestructuras.

Sobre esto último ha expresado su deseo de avanzar más en la siguiente legislatura, para la que ha emplazado la creación de una nueva dársena para contenedores en el puerto de Cartagena, en lo que considera una infraestructura "decisiva" para la región, así como la apertura del aeropuerto internacional de Murcia, que según el propio Valcárcel supondrá "el despegue definitivo del turismo regional", ya que moverá cerca de tres millones de pasajeros al año y propiciará que las regiones del litoral mediterráneo queden "a media hora" de separación.

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Las fiscalías investigan ingresos no voluntarios en los geriátricos

Los forenses harán controles para comprobar los consentimientos

Las fiscalías de Galicia están llevando a cabo una campaña para controlar los ingresos en los geriátricos, investigar aquellos que no son voluntarios, así como las condiciones en las que los residentes dieron su consentimiento. La medida es consecuencia de una instrucción del fiscal general del Estado fechada hace once años y se aplica de forma más especial ahora debido al incremento de desamparos en la tercera edad. En las inspecciones participan los forenses, que son los encargados de visitar, entrevistar y valorar a los mayores; los servicios sociales municipales y la Xunta, que asumirá la tutela de muchos desvalidos a través de una fundación que está renovando sus estatutos e incluso su denominación (pasará a llamarse Fundación Pública Galega para a Tutela de Persoas Adultas, Funga) y que ya tiene la custodia de un total de 623 mayores de 60 años.

Los tribunales controlan las altas que ven como más dudosas y, al tiempo, envían comunicaciones a los centros para recordarles que deben informar de los ingresos y solicitar un permiso judicial cuando el anciano manifieste que no quiere estar internado. En el mismo requerimiento se les recuerda que la Fiscalía debe contar con la relación de todos los residentes, tengan o no autorización judicial, así como de la situación jurídica del centro y la relación completa de la plantilla para verificar si disponen de los permisos y el personal adecuado.

Más carga de trabajo

Todas estas actuaciones suponen más carga de trabajo, aunque en algunas fiscalías, como la de Pontevedra, alegan que se trata de una labor que no se podía aplazar más: «Es cierto que está incrementando el trabajo, pero nuestra posición es que es una cuestión que afecta a los derechos fundamentales y no es discutible», argumenta el fiscal Santiago Miguel Cruces. Precisamente su equipo comenzó hace dos años una revisión de expedientes que ha puesto de manifiesto algunas carencias. Para empezar, aún no han podido concretar el número de dependientes y han descubierto que muchos casos abiertos son de personas que ya han muerto. En cualquier caso, el fiscal explica que han avanzado; en la actualidad le comunican «cada dos meses la lista de personas que no están en condiciones para decidir, identificando tanto si están incapacitadas judicialmente como no, notificando el auto de internamiento que tendrán que tener de cara al juzgado y en todos los casos la persona que figurará como guardador de hecho para poderle exigir las responsabilidades o cuentas, tanto si se produce alguna cuestión extraordinaria como si no».

Las fiscalías pretenden unificar protocolos para que los tutores de las personas declaradas incapaces rindan cuentas al menos una vez al año. «Hasta ahora nos encontrábamos con tutores que afrontaban la rendición de cuentas de forma muy dispar, desde la persona que recurría a un abogado a la que presentaba incluso las cuentas del pan».

Sin embargo, la medida está encontrado detractores, ya que algunos jueces, como el de Caldas, entienden que el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil solo está previsto para internamientos psiquiátricos, que tienen poco que ver con la demencia senil. Aunque las fiscalías la defienden desde el año 1992 y recuerdan que la Audiencia ya ha resuelto a favor de exigir una autorización de los ingresos de mayores desvalidos y de revisar las condiciones en las que se concedieron los consentimientos ya otorgados.

   

La CIG denuncia la privatización del servicio de diálisis del Hospital de Barbanza

Mediante su traslado a la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo 



La sección de Salud de la Confederación Intersindical Gallega ha remitido una carta a la Consejería de Sanidad denunciando la situación del servicio de diálisis del Hospital de Barbanza. El sindicato critica la decisión de la Consejería de “privatizar” el servicio trasladándolo a la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. La CIG recuerda en esta carta que desde la dirección del hospital se pidió la ampliación del servicio a todos los días de la semana, ya que ahora sólo funciona 3 días. “Ante esta petición, motivada por criterios asistenciales que garantizara esta prestación sin ocasionar desplazamientos a los pacientes, la respuesta de la Consejería es privatizar el servicio”, asegura el sindicato.
La carta, firmada por la secretaria nacional de CIG-Saúde, María Xosé Abuín, denuncia “la política sanitaria de la Consejería de Sanidad, que “va encaminada a fomentar la privatización de los servicios públicos a través de los proyectos de colaboración pública privada, con el único fin de ahorrar costes (hecho no demostrado) en detrimento de la calidad”. “Lo que se está haciendo con el mayor oscurantismo posible”, subraya.
Desde CIG-Saude, solicitan que se paralice la decisión de la Consejería de privatizar el servicio de diálisis del hospital de Barbanza mediante la cesión a la Fundación FRIAT. Así mismo, solicitan que se ponga en marcha el proyecto de ampliar este servicio a todos los días de la semana, garantizando la prestación y evitando desplazamientos fuera de esta comarca.